Más de la mitad del camino ha sido recorrido. Hace dos meses, el proyecto de Ley del Deporte levantó una hojarasca de opinión y en el seno de la Comisión de Desarrollo Social admitieron la turbulencia y lo modificaron. “Era un asunto evidente, pues violaba leyes internacionales, y es bueno que la oposición haya corregido”, acotó una fuente parlamentaria que prefirió el anonimato.
Y es que, a falta de cinco días para que otra vez la Plenaria debata probablemente los restantes artículos del instrumento jurídico deportivo, y le dé el ejecútese, no han sido pocas las voces que advierten que el consabido artículo 66, que promueve la creación de un fondo para los atletas y obliga a la empresa privada a alimentar dicho fondo, pone contra las cuerdas al patrocinio privado.
“A mí me preocupa mucho que siendo Venezuela un país petrolero y con una altísima recaudación fiscal surja ahora un impuesto más a las empresas. La Ley castiga a los posibles patrocinantes”, apunta el diputado Eduardo Gómez Sigala, quien integra la bancada opositora en la Asamblea Nacional.
Si durante años la empresa privada ha sido consecuente con el deporte profesional, al margen de la ecuación ganar-ganar que supone la inversión en actividades deportivas clave en la idiosincrasia del venezolano como el béisbol y el futbol, estas disciplinas, ya sin el respaldo privado clásico, mutarán en calidad y cantidad.
Gómez Sigala, ex presidente de Conindustria destacó que “es importante apoyar al deporte” pero que eso contraría la cada vez más recurrente propuesta gubernamental de que se “establezcan mayores gravámenes a las empresas que siempre han apoyado al deporte. Es una carga adicional a un sector que ya ha sido castigado”.
El diputado insiste en que ese 1% es una “nueva modalidad con los proyectos de Ley que se discuten en la Asamblea”, y que para ser más sensatos “debería ser deducible de todas las contribuciones y sin la limitación del 0,5 %”.

Otro aspecto que destaca Gómez Sigala es el cómo se va a manejar y los criterios que prevalecerán a la hora de utilizar el discutido Fondo Nacional para el Desarrollo del Deporte, la Actividad Física y la Educación Física, ya “que hasta ahora los manejos de los fondos en este periodo han sido estrictamente políticos, y no hay razones para que en esta ocasión no sea igual”.
De acuerdo con el legislador, si una determinada empresa hace aportes económicos a un sector deportivo, por ejemplo, coadyuva a la manutención de una liga deportiva, a todas luces con el impuesto del 1 %, o el 0,5 % dependiendo de si ha venido apoyando al deporte, el costo social que eso implica obligará a la empresa a tomar sólo una de las dos vías: continuar con el apoyo o plegarse a la ley, jamás las dos cosas. Está a la vista, a su juicio, que el patrocinio privado desaparece, para darle paso al artículo 66.
En ese sentido comenzará una cuenta regresiva dentro de la cual el deporte profesional, apuntan los detractores del artículo 66, se perfila como la víctima directa de la Ley. El beisbol profesional, tal como se muestra hoy día, con unas cotas de ganancias muy aceptables en el plano de la taquilla, venta de cerveza, mercadería, logos en los uniformes, y un largo etcétera, perderá mucho de su actual paisaje. Se convertirá en un espectáculo de baja calidad competitiva.
El diputado tachirense y opositor, Miguel Pizarro, muestra su lado diplomático, y más aún, su sentido práctico de la realidad al señalar que “el fondo es útil, y que lo administre el IND con la reforma que se hizo para darle peso decisorio al mundo asociativo, es correcto”, aunque no deja al garete su premisa de salvaguardar el ámbito profesional.
“Creo que debe hacerse de una forma que no afecte al deporte profesional ni a las empresas públicas y privadas que hoy en día aportan importante sumas de dinero en patrocinio y auspicio al deporte”, remarcó Pizarro.
El joven parlamentario acotó que el artículo 66 debe ser flexible y viable: “Se trata de que no afecte sino que ayude al deporte a su masificación y a la seguridad social de quienes practican. Eso deriva en que hay que revisar porcentajes y números antes de ser aprobado”.
Para muchos, el impuesto no debe ser aprobado en la Cámara. Su naturaleza estrictamente política, tal como lo apunta Gómez Sigala, convierte a la Ley en un campo minado para las dudas en los procedimientos.
Marcos Oviedo, abogado y actual secretario de la Federación Venezolana de Atletismo, añade al debate una interrogante: “Lo que debe discutirse es si lo del 1% de impuesto incide para que menos empresas privadas patrocinen a la actividad profesional”. Según los especialistas sí habrá un impacto negativo en ese tipo de patrocinios. “No olvidemos que en ese fondo aportarán empresas del Estado como Pdvsa, CVG, Cantv”, recalcó Pizarro. La pregunta que sigue merodeando la psique de la Asamblea Nacional es si el problema del deporte no parece económico, ¿Por qué ese afán desmedido de pechar a la empresa privada como si allí morara la clave del éxito? El debate en la Plenaria debe contribuir a desentrañar tal misterio.
LA FRASE
“Hasta ahora los manejos de los fondos en este periodo han sido estrictamente político, y no hay razones para que en esta ocasión no sea igual”
Eduardo Gómez Sigala
Diputado por el estado Lara, Mesa de la Unidad
85
Es la cantidad de artículos que ha sido discutidos hasta la fecha. Se estima que el próximo martes la Plenaria le dé luz verde a la Ley, aunque el artículo 66 será el más discutido, según los expertos.
El Dato
Los artículos 13, 45, 48 y 66 y dos más son los diferidos. Tocan temas sensibles que van desde el voto de los atletas hasta el patrocinio privado. El voto por mayoría simple bastaría para enviar la norma al Ejecutivo para su promulgación y publicación en Gaceta

FVF
Laureano González es el vicepresidente de la Federación Venezolana de Fútbol y el encargado por el ente futbolístico para declarar todo lo concerniente a la Ley del Deporte.
“En relación a pechar 1% de la utilidad de las empresas nos parece una alta cantidad, pero lo que más nos preocupa es cuánto de esa cantidad que se piensa retener, cuándo va a ser retribuido al propio deporte”.
“La Federación no está en contra del articulo 66, pero hay que conocer cuánto va a ser retribuido al deporte donde la empresa ha hecho esa inversión, queremos conocer a ciencia cierta cómo van a ser todos los aspectos para tener más certeza de ese asunto”.
González como representante de la FVF aclaró que se mantendrá muy atento a la decisión final en este aspecto, para emitir un juicio más claro sobre la Ley del Deporte.

LPB
El presidente de la Liga Profesional de Baloncesto, Rolando Urdaneta, expresó la posición del ente que dirige con respecto al artículo 66 de la Ley del Deporte, que está vinculado con la creación del Fondo Nacional para el Desarrollo del Deporte, la Actividad Física y la Educación Física. “Se deben manejar las cifras exactas, en relación con el uno por ciento que deben otorgar las empresas privadas que patrocinen la actividad deportiva. Todavía no nos han especificado de qué forma va a ser distribuido este fondo”, apunto el ejecutivo.
Urdaneta, quien resaltó la buena disposición de los diputados que conforman la Comisión de Desarrollo Social (Oswaldo Vera, Miguel Pizarro y Hernán Alemán) al momento de discutir el tema, advirtió la inquietud de las empresas. “Están preocupadas. Puede haber una mayor garantía para las compañías cuando la mitad de ese monto vaya al Fondo y el restante sea incluido en la disciplinas en que ellas decidan invertir. Debemos estar atentos y esperar”.

José Grasso Vecchio
LVBP
El presidente de la LVBP, José Grasso Vecchio, es optimista. No importa que el artículo 66 del Proyecto de Ley del Deporte atente contra la supervivencia del deporte profesional como ha sido concebido hasta ahora. Cree firmemente en que el que se aprobará será distinto al que fue presentado, y que, por lo tanto, habrá beisbol este año.
El polémico artículo señala que las empresas y organizaciones, públicas o privadas, que tengan ingresos netos superiores a las 20.000 unidades tributarias (Bs. 1.520.000), deben aportar 1% de sus ingresos netos anuales al Fondo Nacional del Desarrollo del Deporte, que administrará esos fondos para sostener al deporte profesional y amateur.
“Propusimos que se tome en cuenta la utilidad neta y no el ingreso neto, para no perjudicar a la empresa privada”, señaló el presidente de la LVBP. “Además, esperamos que ese porcentaje sea reconsiderado, y que no menos de la mitad vaya directo a las instituciones deportivas, sin pasar por el Fondo. Afortunadamente, logramos que ellos comprendieran nuestra realidad, porque ese artículo no es viable tal como está redactado”.
Y es que, a falta de cinco días para que otra vez la Plenaria debata probablemente los restantes artículos del instrumento jurídico deportivo, y le dé el ejecútese, no han sido pocas las voces que advierten que el consabido artículo 66, que promueve la creación de un fondo para los atletas y obliga a la empresa privada a alimentar dicho fondo, pone contra las cuerdas al patrocinio privado.
“A mí me preocupa mucho que siendo Venezuela un país petrolero y con una altísima recaudación fiscal surja ahora un impuesto más a las empresas. La Ley castiga a los posibles patrocinantes”, apunta el diputado Eduardo Gómez Sigala, quien integra la bancada opositora en la Asamblea Nacional.
Si durante años la empresa privada ha sido consecuente con el deporte profesional, al margen de la ecuación ganar-ganar que supone la inversión en actividades deportivas clave en la idiosincrasia del venezolano como el béisbol y el futbol, estas disciplinas, ya sin el respaldo privado clásico, mutarán en calidad y cantidad.
Gómez Sigala, ex presidente de Conindustria destacó que “es importante apoyar al deporte” pero que eso contraría la cada vez más recurrente propuesta gubernamental de que se “establezcan mayores gravámenes a las empresas que siempre han apoyado al deporte. Es una carga adicional a un sector que ya ha sido castigado”.
El diputado insiste en que ese 1% es una “nueva modalidad con los proyectos de Ley que se discuten en la Asamblea”, y que para ser más sensatos “debería ser deducible de todas las contribuciones y sin la limitación del 0,5 %”.

Gómez Sigala
Otro aspecto que destaca Gómez Sigala es el cómo se va a manejar y los criterios que prevalecerán a la hora de utilizar el discutido Fondo Nacional para el Desarrollo del Deporte, la Actividad Física y la Educación Física, ya “que hasta ahora los manejos de los fondos en este periodo han sido estrictamente políticos, y no hay razones para que en esta ocasión no sea igual”.
De acuerdo con el legislador, si una determinada empresa hace aportes económicos a un sector deportivo, por ejemplo, coadyuva a la manutención de una liga deportiva, a todas luces con el impuesto del 1 %, o el 0,5 % dependiendo de si ha venido apoyando al deporte, el costo social que eso implica obligará a la empresa a tomar sólo una de las dos vías: continuar con el apoyo o plegarse a la ley, jamás las dos cosas. Está a la vista, a su juicio, que el patrocinio privado desaparece, para darle paso al artículo 66.
En ese sentido comenzará una cuenta regresiva dentro de la cual el deporte profesional, apuntan los detractores del artículo 66, se perfila como la víctima directa de la Ley. El beisbol profesional, tal como se muestra hoy día, con unas cotas de ganancias muy aceptables en el plano de la taquilla, venta de cerveza, mercadería, logos en los uniformes, y un largo etcétera, perderá mucho de su actual paisaje. Se convertirá en un espectáculo de baja calidad competitiva.
El diputado tachirense y opositor, Miguel Pizarro, muestra su lado diplomático, y más aún, su sentido práctico de la realidad al señalar que “el fondo es útil, y que lo administre el IND con la reforma que se hizo para darle peso decisorio al mundo asociativo, es correcto”, aunque no deja al garete su premisa de salvaguardar el ámbito profesional.
“Creo que debe hacerse de una forma que no afecte al deporte profesional ni a las empresas públicas y privadas que hoy en día aportan importante sumas de dinero en patrocinio y auspicio al deporte”, remarcó Pizarro.
El joven parlamentario acotó que el artículo 66 debe ser flexible y viable: “Se trata de que no afecte sino que ayude al deporte a su masificación y a la seguridad social de quienes practican. Eso deriva en que hay que revisar porcentajes y números antes de ser aprobado”.
Para muchos, el impuesto no debe ser aprobado en la Cámara. Su naturaleza estrictamente política, tal como lo apunta Gómez Sigala, convierte a la Ley en un campo minado para las dudas en los procedimientos.
Marcos Oviedo, abogado y actual secretario de la Federación Venezolana de Atletismo, añade al debate una interrogante: “Lo que debe discutirse es si lo del 1% de impuesto incide para que menos empresas privadas patrocinen a la actividad profesional”. Según los especialistas sí habrá un impacto negativo en ese tipo de patrocinios. “No olvidemos que en ese fondo aportarán empresas del Estado como Pdvsa, CVG, Cantv”, recalcó Pizarro. La pregunta que sigue merodeando la psique de la Asamblea Nacional es si el problema del deporte no parece económico, ¿Por qué ese afán desmedido de pechar a la empresa privada como si allí morara la clave del éxito? El debate en la Plenaria debe contribuir a desentrañar tal misterio.
LA FRASE
“Hasta ahora los manejos de los fondos en este periodo han sido estrictamente político, y no hay razones para que en esta ocasión no sea igual”
Eduardo Gómez Sigala
Diputado por el estado Lara, Mesa de la Unidad
85
Es la cantidad de artículos que ha sido discutidos hasta la fecha. Se estima que el próximo martes la Plenaria le dé luz verde a la Ley, aunque el artículo 66 será el más discutido, según los expertos.
El Dato
Los artículos 13, 45, 48 y 66 y dos más son los diferidos. Tocan temas sensibles que van desde el voto de los atletas hasta el patrocinio privado. El voto por mayoría simple bastaría para enviar la norma al Ejecutivo para su promulgación y publicación en Gaceta

Laureano González
FVF
Laureano González es el vicepresidente de la Federación Venezolana de Fútbol y el encargado por el ente futbolístico para declarar todo lo concerniente a la Ley del Deporte.
“En relación a pechar 1% de la utilidad de las empresas nos parece una alta cantidad, pero lo que más nos preocupa es cuánto de esa cantidad que se piensa retener, cuándo va a ser retribuido al propio deporte”.
“La Federación no está en contra del articulo 66, pero hay que conocer cuánto va a ser retribuido al deporte donde la empresa ha hecho esa inversión, queremos conocer a ciencia cierta cómo van a ser todos los aspectos para tener más certeza de ese asunto”.
González como representante de la FVF aclaró que se mantendrá muy atento a la decisión final en este aspecto, para emitir un juicio más claro sobre la Ley del Deporte.

Rolando Urdaneta
LPB
El presidente de la Liga Profesional de Baloncesto, Rolando Urdaneta, expresó la posición del ente que dirige con respecto al artículo 66 de la Ley del Deporte, que está vinculado con la creación del Fondo Nacional para el Desarrollo del Deporte, la Actividad Física y la Educación Física. “Se deben manejar las cifras exactas, en relación con el uno por ciento que deben otorgar las empresas privadas que patrocinen la actividad deportiva. Todavía no nos han especificado de qué forma va a ser distribuido este fondo”, apunto el ejecutivo.
Urdaneta, quien resaltó la buena disposición de los diputados que conforman la Comisión de Desarrollo Social (Oswaldo Vera, Miguel Pizarro y Hernán Alemán) al momento de discutir el tema, advirtió la inquietud de las empresas. “Están preocupadas. Puede haber una mayor garantía para las compañías cuando la mitad de ese monto vaya al Fondo y el restante sea incluido en la disciplinas en que ellas decidan invertir. Debemos estar atentos y esperar”.

José Grasso Vecchio
LVBP
El presidente de la LVBP, José Grasso Vecchio, es optimista. No importa que el artículo 66 del Proyecto de Ley del Deporte atente contra la supervivencia del deporte profesional como ha sido concebido hasta ahora. Cree firmemente en que el que se aprobará será distinto al que fue presentado, y que, por lo tanto, habrá beisbol este año.
El polémico artículo señala que las empresas y organizaciones, públicas o privadas, que tengan ingresos netos superiores a las 20.000 unidades tributarias (Bs. 1.520.000), deben aportar 1% de sus ingresos netos anuales al Fondo Nacional del Desarrollo del Deporte, que administrará esos fondos para sostener al deporte profesional y amateur.
“Propusimos que se tome en cuenta la utilidad neta y no el ingreso neto, para no perjudicar a la empresa privada”, señaló el presidente de la LVBP. “Además, esperamos que ese porcentaje sea reconsiderado, y que no menos de la mitad vaya directo a las instituciones deportivas, sin pasar por el Fondo. Afortunadamente, logramos que ellos comprendieran nuestra realidad, porque ese artículo no es viable tal como está redactado”.